Comentarios al Informe sobre Sectas de la Cámara de Diputados - Chile

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Usted debe saber que los Estados tienen políticas sistemáticas y concertadas para negar la existencia del problema sectario, las que tienen como consecuencia la violación permanente de DERECHOS HUMANOS supuestamente garantizados por parte de sectas y "AUTORIDADES".

Lo grave del asunto es que bajo coerción y a través de medidas administrativas, los funcionarios se ven obligados a violar DDHH de niños y adultos (el que se niegue, irá de inmediato a lista 4 y en casos graves: "aparecerá muerto").

La pregunta qué surge es:

¿Quién o quiénes ordena/n en los aparatos estatales de TODO EL MUNDO, pasando a llevar soberanías, sistemas y poderes judiciales, legislativos y ejecutivos?

JCB
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SUR

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viernes, 21 de marzo de 2008

Comentarios al Informe sobre Sectas de la Cámara de Diputados - Quinta Parte


(Actualizado al 21.03.08)
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Pese a que el informe de la Comisión manifiesta serias y graves omisiones, no por esto deja de ser un gran logro y un hito histórico en la defensa de los Derechos Humanos en nuestro país y en el mundo.

“La pregunta correcta para enfrentar el tema es:

¿Cómo se manifiesta en mí el patrón sectario?, a partir de esta observación y sus implicancias, se puede entonces de acuerdo a la calificación profesional individual o campo de acción personal-civil emitir una positiva y autorizada respuesta en el hacer nacional, lo demás será siempre poner el enemigo afuera.”

V. CONCLUSIONES.

I. CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE LAS SECTAS RELIGIOSAS EN CHILE.

Como conclusiones, esta Comisión investigadora, somete a la aprobación de la honorable Cámara siguientes capítulos, que se refieren:

Al Centro de Estudios Tibetanos o Secta Tibetana;

A la instalación de sectas religiosas de perfil destructivo, y

A las proposiciones en el orden normativo, administrativo, pedagógico y de accionar parlamentario.

En relación con el trabajo de la Comisión investigadora, específicamente sobre el fenómeno social de las Sectas Religiosas destructivas, se pudo establecer algunas conclusiones, las que se detallan de la manera siguiente:

1. Respecto del Centro de Estudios Tibetanos, o “Secta Tibetana”, los antecedentes reunidos y analizados indican que el mencionado ente responde de manera clara al perfil religioso de una secta destructiva. Ello es tan evidente, que el propio Ministerio de Justicia, contando con los medios probatorios que le proporcionara esta Comisión investigadora, recomendó al Gobierno, que acogió lo propuesto, cancelar la personalidad jurídica del Centro de Estudios Tibetanos, lo que se hizo efectivo por el Decreto Nº 89, de 26.01.01.

2. El fenómeno social de la presencia de sectas religiosas destructivas en el país es de una evidencia incontestable, la que se constata a partir de diversos elementos objetivos que las muestran con conductas, públicas y ocultas, muy activas -ejemplos: profanaciones de iglesias, cementerios, tumbas; sacrificios humanos por la vía de la autoinmolación (PATÉTICA NEGACIÓN DE LA REALIDAD de los sacrificios humanos EN CHILE); misas negras con sacrificios de animales y prácticas de necrofagia (ingesta de restos cadavéricos humanos) y necrofilia (relaciones sexuales con cadáveres humanos); marcajes territoriales con simbología sectaria, etcétera-.

Sin disminuir la gravedad de los hechos mencionados, nos parece que manifiestan sólo lo más grotesco y espectacularmente mediático del problema; los más peligrosos “grupos con comportamiento destructivo” operan a nivel macro en nuestro país y con consecuencias imposibles de magnificar adecuadamente desde la óptica del hombre de la calle.

3. Se constata un desconocimiento generalizado en la sociedad chilena, respecto de la existencia, actividades, y métodos de acción de este tipo de grupos sectarios religiosos destructivos.

Pese a que el Informe fue evacuado por la comisión en el año 2002, pasados seis años la situación sigue igual y en algunos sentidos es peor; la barbarie de nuestro pueblo ha ido in crescendo en estos años, por lo que está aún más expuesto al peligro sectario.

4. Se constata la inexistencia, en el ámbito educacional formal del Estado y privado, de formación e información pedagógica sistemática que pueda aportar elementos críticos en los niños y jóvenes, respecto del delicado tema de las sectas religiosas.

COMENTARIO ÍDEM AL ANTERIOR. Agregamos. ¿QUIÉN O QUIENES ENTREGARÁN ESTOS ELEMENTOS CRÍTICOS EN BASE A INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y VERÁZ?

5. Por la especificidad de algunos comportamientos delictivos de grupos religiosos destructivos, se aprecian ciertos vacíos en las legislaciones penal y civil, dificultándose, entonces, respuestas eficaces y oportunas desde el punto de vista procesal a determinadas conductas, tales como: manipulación mental, lavado de cerebro, trabajo esclavo, regímenes de propiedad de bienes y de recolección de dinero...

Sería interesante saber si ha habido avances significativos al respecto; en verdad bastaría con que los funcionarios se “atrevieran” a dar estas respuestas “eficaces y oportunas”.

6. El análisis crítico, realizado por la Comisión investigadora, acerca de la ley Nº 19.638, sobre nueva estructura jurídica para las Iglesias y organizaciones religiosas, demuestra vacíos y carencias que podrían animar la pretensión de existencia legal en grupos religiosos con claros perfiles destructivos; ello a partir de la imposibilidad jurídica del Ministerio de Justicia para emitir juicio previo respecto de conductas conocidas de quienes, corporativamente, requieran el reconocimiento de la calidad de persona de derecho público, que acuerda el texto jurídico citado.

“Creemos necesario afirmar y reafirmar que no corresponde al Estado el calificar qué grupo es religioso o no lo es; para ilustrar nuestra posición copiamos un fragmento de un texto del especialista argentino Oscar Gerometta en relación al Registro de Cultos Argentino:

“La realidad de la experiencia religiosa del hombre crece, se desarrolla y fluye al margen de la potestad del Estado. el Estado debe aceptarla y considerarla como un Derecho Inalienable de sus ciudadanos, un Derecho que es anterior al mismo Estado y que por lo tanto no es regulable por él. Creo que esto es lo propio de un Estado moderno, pluralista y democrático; no la actitud burocrática de registro y control que es propia del Estado totalitario.”
(...)
“Para esta problemática social un Registro de Cultos no sólo es una herramienta inadecuada, sino peor, es una herramienta que muchas veces termina dando reconocimiento social a este tipo de grupos. Pasándolo en blanco: opino que los registros de culto como los concebimos hoy, no deben existir. Creo que el Estado, no tiene entidad ni autoridad para definir qué creencia constituye una fe religiosa y cuál no.

Para esta situación lo que se requiere es tipificar claramente los delitos económicos y penales, dar lugar a estas nuevas motivaciones que tienen raigambre religiosa, y reprimir con todo el peso de la ley civil cualquier exceso o violación a los Derechos Individuales y Sociales, provengan de quien provengan. Esta es la mejor garantía de respeto de la libertad religiosa.”


II. PROPOSICIONES DE REFORMAS NORMATIVAS PARA ENFRENTAR EL TEMA DE LAS SECTAS DESTRUCTIVAS.

La condición primordial para enfrentar de manera cabal el tema de los “grupos con comportamiento destructivo”, es la toma de conciencia por parte de la Sociedad de las últimas evidencias científicas en relación al control mental y las que nos hablan de que es posible obnubilar funcionalmente los centros cerebrales superiores mediante las técnicas y procedimientos adecuados, todo y más lo que produce los llamados estados de trance.

En estos estados sólo queda actuando el robot humano que habla, razona, actúa y adquiere compromisos; pero sin la condición primordial que nos hace hombres, la conciencia.

Es en esta condición en que se realizan las acciones de los grupos destructivos sobres sus miembros, las mujeres y los niños, las víctimas más frecuentes y habituales.

Una adecuada respuesta del Estado debe considerar las últimas concepciones científicas del universo y de lo que es la realidad, de no hacerlo seguiremos entrampados en el oscurantismo y barbarie del milenio que se fue.

El Estado mismo y sus poderes están basados en estos mismos principios, la pregunta es: ¿cómo defendemos los Derechos del Hombre, considerando que nosotros mismos somos sectarios?

¿Hasta cuándo seguiremos-mantendremos la farsa de las supuestas e hipotéticas repúblicas y democracias?

Para encontrar la cura se debe ver primero la enfermedad… y darse cuenta de que estamos enfermos…

1. Derecho de familia y actividad sectaria:

Como es conocido, numerosas sectas vinculan el sexo y el ámbito religioso, sea a través de la abstinencia sexual o, por el contrario, priorizando la libre opción sexual.
Normalmente se ha entendido que la sola conversión a una secta no justifica la separación y menos el divorcio vincular en aquellos países en que existe.
“Pero el deber de tolerancia entre cónyuges en materia de religión tiene, por límite el respeto de la obligaciones que nacen del matrimonio según el Código Civil y si estos límites son franqueados, es competencia del juez investigar si el comportamiento reprochado constituye una “falta” matrimonial que podría ser sancionada con la declaración del divorcio”: Así explica la situación francesa Jacqueline Flauss-Diem, profesora de la Facultad de Derecho, de la Universidad Roberto Schuman de Estrasburgo. (Véase el libro dirigido por Frances Messner: «Les sectes et le droit en France». Presses Universitaires de France, París, Juin 1999, que la Comisión ha utilizado en el presente acápite y en los siguientes).
La Comisión investigadora insta a los senadores de la Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento que examinan el proyecto de ley de matrimonio civil, a incluir en sus consideraciones los efectos en la vida conyugal que tiene la actividad sectaria.
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La actividad sectaria será normalmente atentatoria en contra de los valores de la familia y las buenas costumbres (al referirnos a esto lo hacemos en un sentido ético, no moral ni religioso); así la educación correcta para un niño será la que le permita expresarse adecuadamente en el entorno social que le corresponderá existir durante su vida.

Con un tema siempre vigente como la pedofilia –por ejemplo- no será bajo este enfoque reprimida por un tema moral –lo que llevará si se discute en estos términos a inacabables debates-

si no porque su práctica condenará al niño que la sufra en su edad menor -al llegar a adulto- y repetir a su vez la conducta improntada en sí mismo en otros, a ser un excluido social y un delincuente bajo nuestros parámetros y acuerdos sociales; así pareciendo esta visión relativista en verdad es de lo más objetiva y científica.

siempre la salud total de un individuo, vendrá del pleno y feliz ejercicio de su humanidad en el sistema del cual es parte indisoluble (condicionada y limitada por y al entorno cultural).

Éste es el tema con respecto a niños y a sectas, la “impronta” sectaria los transformará en unos “castrados sociales”, similares a esos gatitos de experimentos de “impronta”, los que bloqueados de que se produzca la programación en su sistema visual por los estímulos lumínicos en el momento exacto, luego serán ciegos de por vida por falta de estos estímulos naturales.

El hardware estará perfecto en ellos, el software nunca se instaló; ¿creencias y prejuicios para defender a nuestros hijos?

(ciencia mis amigos) les recomendamos los estudios de Konrad Lorenz.

¿Cuál será la "impronta" de los infantes criados en “Los Niños de Dios”, de acuerdo a esta visión?

Ciertas sectas preconizan prácticas sexuales que llevan a un adulterio sistemático y ello es incompatible con la obligación de fidelidad, otras afectan el deber de cohabitación pues exigen la presencia física del adepto en los locales de la secta. La vida familiar se puede volver intolerable si uno de los cónyuges tiene actitudes fanáticas o de un proselitismo excesivo en el seno del hogar, como puede ser el no celebrar fiesta alguna, imponer una alimentación extraña, rehusar cuidados médicos, exigir ritos y plegarias excesivas, etcétera.
En relación al derecho de menores es necesario recordar que Chile ratificó la Convención sobre Derechos del Niño el 13 de agosto de 1990, publicada en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 1990, cuyo eje es el principio jurídico del “interés superior del niño”, expresado en la línea 1 del artículo 3º: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. En el mismo sentido se orienta nuestro Código Civil, por ejemplo el artículo 242 inciso segundo.

No se podrá entender los comportamientos dentro de los grupos sectarios, si no se considera a la hipnosis científica y su concepto de la “retrogresión psicológica” y la “obnubilación funcional de los centros superiores” por medio del trance.

Las prácticas que son aberrantes para nuestra sociedad y cultura, corresponden simplemente a la vuelta a comportamientos radicados en los cerebros más primitivos que nos conforman y que tienen razón de ser en nosotros -desde un punto de vista psicológico- siempre con el eje rector de la conciencia (pues somos hombres); una vez ésta se pierde (por "retrogresión psicológica")… volveremos a las peores manifestaciones de la animalidad.

Sobre ¿“el interés superior del niño”?

Pese a las buenas palabras y discursos, en la realidad las sectas violan impunemente lo Derechos supuestamente garantizados de los menores, tanto en Chile como en el mundo; sin embargo a ninguno de los jueces de menores se les olvida cobrar su cheque de sueldo a fin de mes, mientras las causas se acumulan sin resolver.

El Estado de Chile se muestra incapaz de defender los Derechos de los menores, tanto en los casos “sectarios” como en los de la vida común, esto es un hecho objetivo.

El artículo 14 de la Convención de los Derechos del Niño señala:
1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.
3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud pública o los derechos y libertades fundamentales de los demás”.
Por su parte la ley Nº 19.638 artículo 6º letra d) reconoce el derecho de los padres para elegir la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones para los menores no emancipados. El mismo derecho es reconocido a los guardadores para los incapaces bajo su tuición y cuidado.
La Comisión investigadora estima que la norma referida debe perfeccionarse para dar pleno cumplimiento al artículo 14 de la Convención de los Derechos del Niño y sería recomendable estudiar el establecimiento de una premayoría en materia religiosa (15 años) para que el joven pueda hacer su opción personal tal como lo disponen los ordenamientos de Suiza y la República Federal de Alemania. Ello sería asimismo conforme al nuevo artículo 222 del Código Civil.

¡BLA, BLA, BLA! Y MÁS ¡BLA!... UNICEF NO DICE NI PÍO en los casos sectarios particulares, “PORQUE PERDERÍAMOS INMUNIDAD DIPLOMÁTICA DE HACERLO”.

La Comisión investigadora invita a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y al Instituto Nacional de la Juventud a efectuar los estudios pertinentes.
Por su parte, en relación al derecho-deber de cuidado de los hijos, las formas de tuición deberían revisarse si por ejemplo la actitud sectaria del padre a quien ha sido confiada la custodia pone en riesgo la salud física o mental del hijo, o coloca en peligro su formación moral como sería el caso de niños y niñas confiadas a un padre sectario de un grupo que preconiza la libertad sexual o que vive una en comunidad cerrada que impide el desarrollo del menor.

“EN ESTOS ESTADOS (de trance) SÓLO QUEDA ACTUANDO EL ROBOT HUMANO QUE HABLA, RAZONA, ACTÚA Y ADQUIERE COMPROMISOS; PERO SIN LA CONDICIÓN PRIMORDIAL QUE NOS HACE HOMBRES, LA CONSCIENCIA.

ES EN ESTA CONDICIÓN EN QUE SE REALIZAN LAS ACCIONES DE LOS GRUPOS DESTRUCTIVOS SOBRES SUS MIEMBROS, LAS MUJERES Y LOS NIÑOS, LAS VÍCTIMAS MÁS FRECUENTES Y HABITUALES.

EL SECTARIO HA PERDIDO SU EJE RECTOR, YA NO ES UN INDIVIDUO QUE SE AUTODETERMINA, ESTO ES EL ASUNTO A DESTACAR.

Deberá tenerse especial atención a los hogares de acogida de menores que son regentados por grupos sectarios o por organizaciones de su dependencia.

Bajo ninguna circunstancia se debe aceptar esta situación pues en sí misma permite la violación del Derecho de Conciencia de los niños que permanezcan bajo su tutela.

Estas orientaciones deberían tenerse en cuenta por los jueces de menores al aplicar las normas de los artículos 205 y 228 del Código Civil.

LOS JUECES Y PARTICULARMENTE LOS JUECES DE MENORES DEBERÍAN SER RESPONSABLES SOLIDARIAMENTE EN LO CIVIL Y PENAL DE LOS RESULTADOS PRÁCTICOS DE SUS FALLOS; ASÍ NOS EVITARÍAMOS LAS FRECUENTES ACCIONES Y OMISIONES QUE PROVOCAN QUE MENORES INDEFENSOS SUFRAN TODA CLASE DE ABERRACIONES.

EL JUEZ ES EL RESPONSABLE POR PARTE DEL ESTADO DE CAUTELAR LOS DERECHOS DE UN NIÑO EN UN CASO ESPECÍFICO Y DE LA ADECUADA INSERCIÓN SOCIAL QUE SU FALLO PUEDA GENERAR EN EL FUTURO.

La expresión “causa calificada” o “inhabilidad física o moral de ambos padres” contenidas en esos artículos permitirían al juez de menores, siempre que fuere consciente del peligro que para los niños puede constituir la actividad sectaria, tomar las medidas adecuadas para el bien del menor. En este sentido, la Comisión investigadora propone que la Academia Judicial desarrolle cursos para Jueces de Menores acerca de la actividad sectaria.

Sería interesante saber qué es lo que ha sucedido en este plano.

¿A quiénes se le pediría que impartieran los cursos?, ¿teorías y más teorías?

Recordemos que Chile cuenta además con la ley Nº 19.325 sobre Violencia Intrafamiliar y que el actual artículo 234 del Código Civil dice: “Los padres tendrán la facultad de corregir a los hijos, cuidando que ellos no menoscaben su salud y su desarrollo personal”. Pero, puesto que el artículo 19 Nº 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluyendo el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”, la Comisión investigadora propone al Ministerio de Justicia y al Servicio Nacional de Menores estudiar la creación de un Defensor del Niño.

Nuestra experiencia en otros países habla que, frecuentemente los Defensores de Menores son coaccionados para no inmiscuirse en casos específicos, su actuar dependerá del poder que haya conseguido la secta involucrada dentro del Estado.

Volvemos al tema principal que existe detrás del drama sectario: la secta y las redes de protección dentro del Estado y en las organizaciones internacionales, quienes inhabilitan el estado de Derecho para beneficio de sus protegidos.

La república y la democracia son una conquista a lograr, no son hechos establecidos.

Tal idea fue propuesta en su oportunidad durante la tramitación del la moción sobre Violencia Intrafamiliar, por el senador Mariano Ruiz-Esquide. En este sentido, Francia aprobó la ley Nº 200-196 de marzo de 2000, que instituye un Defensor de los Niños (Diario Oficial Nº 56 de 7 de marzo de 2000, página 3536). Este defensor es una autoridad independiente y encargado de defender y promover los derechos del niño consagrados por la ley o por un convenio internacional ratificado o aprobado de forma regular.

EL EDITOR DE ESTE TEXTO HA TENIDO UNA EXPERIENCIA DIRECTA CON EL DEFENSOR NACIONAL DE MENORES ARGENTINO, ATILIO ÁLVAREZ, QUIEN DESDE SU POSICIÓN PRIVILEGIADA SE OPUSO AL REECUENTRO ENTRE ÉL MISMO Y SU HIJO, EN LA ESPERA INDEFINIDADA DE UN JUICIO NO AJUSTADO A DERECHO, IMPROCEDENTE E ILEGAL QUE ÉL MISMO DEFENDIÓ EN SU MOMENTO COMO LÍCITO (OBVIAMENTE PARA BENEFICIO DE LA SECTA QUE LO CONTROLABA)
http://ayudasillettaperdifamiliaensecta.blogspot.com/


Una vez realizada la acción por un funcionario equis, el Estado no podrá reconocer –obviamente- que cuenta con un corrupto entre sus filas (el será uno más entre tantos otros con pies de barro y el que además conoce de las “matufias” de sus colegas…).

En el caso argentino los jueces pueden ser removidos por el Ejecutivo, ¿quién se atreverá a enfrentar al poder político por ejemplo?

Por otra parte, sabemos que los jóvenes constituyen presas fáciles de las sectas, ya que el adolescente se encuentra en una situación de fragilidad, de rebelión, de idealismo que las sectas utilizan en su provecho. Normalmente las sectas ofrecen a los jóvenes participar en actividades seductoras como acciones pacifistas, contra la contaminación, la pobreza, las drogas, el Sida, la ayuda a los países subdesarrollados, la ayuda a los ancianos o en actividades de desarrollo personal o deportivo. Es necesario, entonces, que los monitores de los grupos juveniles, del scoutismo o de deportes y recreación sean informados de los peligros de las actividades sectarias, en lo cual el Instituto Nacional de la Juventud, Chile-Deportes y el Ministerio de Educación pueden jugar un importante papel. Los programas extraprogramáticos y los curriculares deberían proponer seminarios o talleres sobre sectas a todos los niveles educacionales, en especial en la educación media y superior, lo cual supone que los educadores deben a su vez tener una adecuada formación e información en estas materias.

Han pasado 6 años desde que se evacuó el informe por la Comisión, ¿pueden mostrarse las acciones que se han tomado con respecto a estas sugerencias y a otras?

El ataque de los grupos sectarios es por medio de las emociones, no por la racionalidad.

¿Será compatible la pertenencia a una secta destructiva y a su vez ser profesor en un sistema educacional?

2. Derecho laboral y seguridad social frente al problema de las sectas. La normativa existente debería revisarse por la Dirección del Trabajo y el Ministerio del ramo a lo menos en dos dimensiones: a) determinar si la relación entre los adeptos y los ministros de culto de una secta y la organización sectaria constituye un verdadero contrato de trabajo y b) revisar qué derechos y deberes tiene el empleador corriente respecto del trabajador que pertenece a una secta o a un nuevo movimiento religioso. Normalmente las sectas utilizan e incluso explotan a sus miembros para una actividad en provecho de la organización, sea material o intelectual y aun en algunas sus miembros son sujetos a horario y a medición de rendimiento. Estas actividades benévolas, sin embargo, podrían ser asalariadas, si se pudiera probar la existencia de remuneraciones encubiertas, aunque no fuere sino el alojamiento y la alimentación. La sujeción en el trabajo es un medio de dominación del universo sectario que limita fuertemente la posibilidad de abandono de las sectas por sus miembros.

Es el cepo que cierra la posibilidad de escape en muchos de los casos; una vez que salga del grupo, ¿qué es lo que hago para vivir?

Igualmente la relación con los ministros de culto o personal sectario equivalente podría convertir a la secta en un empleador encubierto. Normalmente la jurisprudencia o la ley han excluido en derecho comparado la idea de contrato de trabajo entre un oficio pastoral verdadero y la Iglesia Católica (véase, por ejemplo, la ley de 18 de febrero de 1950 que dispone para Francia que “el ejercicio del ministerio del culto católico no es considerado como una actividad profesional respecto a la legislación social”) y lo propio se ha aplicado respecto de los pastores protestantes.

Sin embargo, si el problema laboral ya es complejo en las confesiones jurídicamente organizadas, lo es mucho más en las sectas. La tendencia moderna es considerar como relación jurídico-laboral las prestaciones que realicen, por ejemplo, los religiosos en favor de su orden o en favor de terceros bajo ciertas condiciones, de manera que se asegure el derecho a la libre opción de vida de los miembros de institutos religiosos y se respete el principio de igualdad respecto de los ciudadanos corrientes que realizan una actividad laboral idéntica. Asimismo, debería exigirse a las entidades religiosas, en especial a las sectas, que se adhieran o creen sistemas de Seguridad Social respecto de su personal pastoral permanente, compatible con las necesidades y disponibilidad económica de las entidades religiosas, de manera que el personal pastoral permanente que abandone la entidad o alcance cierta edad pueda tener cotizaciones y no vean mermadas sus pensiones por no permitírsele cotizar por los años que sirvieren a la institución religiosa.

Una muy inteligente sugerencia .

La jurisprudencia alemana ha elaborado la idea de “empresas de tendencia” y la ha aplicado en ocasiones a las sectas. Ello permite que ciertas empresas puedan flexibilizar lo dispuesto en el Convenio 111 de la OIT de 1958 que asigna al Estado el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y de trato en vista de eliminar toda forma de discriminación en materia de empleo, en especial la discriminación religiosa. Se entiende por “empresa de tendencia” el conjunto de empresas de inspiración religiosa o que están al servicio de un ideal religioso o de una ideología, sea ella política, sindical, caritativa u otra. Este tipo de empleador (por ejemplo, una universidad confesional, un partido político, una congregación religiosa) podría preocuparse del comportamiento personal de sus miembros permanentes, requerir adhesión a sus ideales y romper el contrato de trabajo si cesan de adherir a ellos. De una manera equivalente la Corte de Casación francesa dispuso que “el artículo 1.122-45 del Código del Trabajo que expresa que ningún asalariado puede ser sancionado o licenciado en razón de su convicciones religiosas, no es aplicable cuando el asalariado se ha comprometido a cumplir una labor que implica que esté en comunión de pensamiento y de fe con su empleador y desconoce las obligaciones resultantes de este compromiso” (Soc. 20 de noviembre de 1986, Dr. Soc., 1987, p. 379).

SERÍA MUY INTERESANTE COMPARAR ESTAS OBSERVACIONES (Y EL INFORME ÍNTEGRO) CON LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE ACCIÓN DE LA FUNDACIÓN SPES, FORMADA POR EL EXPERTO ARGENTINO JOSÉ MARÍA BAAMONDE (Q.E.P.D.), A NUESTRO JUICIO UNO DE LOS MÁS LÚCIDOS ESPECIALISTAS EN EL TEMA A NIVEL MUNDIAL.

SIN DUDAS LES EVITARÍA EL “DESCUBRIR LA PÓLVORA” A NUESTRAS AUTORIDADES; CUYA EFICIENCIA Y VISIÓN PUEDEN VERSE TAN CLARAS EN EL TRANSANTIAGO POR PONER SÓLO UN EJEMPLO ENTRE MUCHOS.

En el caso del empleador normal, el problema se presenta cuando las convicciones del asalariado le conducen a desconocer sus obligaciones contractuales: ausencias en ciertos días, interrupción de la jornada de trabajo para prácticas rituales o de meditación, negativa de usar la vestimenta reglamentaria, o a efectuar transfusiones, etc. Normalmente la jurisprudencia comparada hace primar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Lo mismo en el caso de proselitismo y de reuniones religiosas en el tiempo de trabajo. La Comisión investigadora insta a los órganos estatales de derecho laboral y seguridad social a presentar estudios sobre los temas descritos haciéndose eco en este sentido de las preocupaciones manifestadas en el seno de la Comisión por el Director de la Policía Civil: “2.6. Se recomienda que se revise la actual legislación laboral, en cuanto a los mecanismos de control de las condiciones de trabajo que suelen imponerse a los integrantes de las sectas. Particularmente, es necesario tener en cuenta que los integrantes de estas organizaciones aceptan y encubren la vulneración de derechos esenciales del trabajador”.

MUY ACERTADA Y EXACTA LA OPINIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR DE INVESTIGACIONES

3. Derecho tributario y actividades sectarias.

“Lo que sucede es que ´dios´ es un muy; pero muy buen negocio”

Creemos que lo correcto sería tomar el diezmo o lo que sea y lanzarlo al cielo, lo que quede arriba es de dios, lo que caiga debe ser controlado y tributar en consecuencia. “al césar lo que es del césar, a Dios lo que es de Dios”.

Los informes europeos muestran que, en general, las sectas como organizaciones son malas contribuyentes. El Estado debería ser inflexible si al amparo de la libertad religiosa, las entidades sectarias realizan actividades comerciales, incluso amparándose en corporaciones o fundaciones de beneficencia, culturales, socioeducativas, etcétera.

Para ser entendida como actividad sin fines de lucro, la gestión de dichas organizaciones debe ser desinteresada. No debe funcionar tampoco en beneficio de sus dirigentes, por ejemplo, asignándoles remuneraciones o ingresos desorbitados para él o su familia o efectuando envíos considerables y regulares de dinero a entidades del exterior.

Un problema tributario delicado planteado por las sectas es la búsqueda de beneficios para ser reinvertidos en la asociación que no tiene fin lucrativo. Asimismo, algunas sectas organizan abiertamente sus actividades económicas bajo la forma de sociedades comerciales, pero manipulan al adherente que es asociado a una corporación o fundación sin fines de lucro, pero que controla las dichas sociedades comerciales.

Además, como se sabe, la Constitución chilena exime del pago del impuesto territorial a los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al ejercicio del culto. Lo lógico parece ser interpretar esa norma respecto a iglesias, confesiones e instituciones religiosas con personalidad jurídica vigente que hayan construido dichos templos para ese uso exclusivo o que hayan habilitado inmuebles existentes mediante refacciones mayores para convertirlos en templos. En este sentido una circular del Servicio de Impuestos Internos podría evitar que gocen de la exención mencionada actividades sectarias bajo el argumento que casas-habitación u otros locales con mínimas mejoras, o locales no destinados a culto son “templos”.

Igualmente sería necesario precisar qué se entiende por el adverbio “exclusivamente” y mejorar la interpretación administrativa del vocablo “dependencia”, pues las circulares actuales se dictaron bajo la Constitución de 1925 y no consideran las modificaciones introducidas en 1980. Respecto de los dineros de culto, diezmos, donaciones u ofrendas, deberían dejarse de lado los aportes módicos de donativos en dinero y en especie. Pero respecto de donaciones cuantiosas (valores, títulos, inmuebles) debería entenderse que sólo las instituciones religiosas con personalidad jurídica vigente tienen capacidad jurídica para recibir tales donaciones.

Creemos que lo correcto sería tomar el diezmo o lo que sea y lanzarlo al cielo, lo que quede arriba es de Dios, lo que caiga debe ser controlado y tributar en consecuencia. “Al césar lo que es del césar, a Dios lo que es de Dios”.

Las donaciones a ministros de culto, en general, deberían restringirse a sumas módicas y con un cierto límite o prohibirse en ciertos casos, como lo hace ya el Código Civil respecto del confesor de la última enfermedad del causante (norma que por lo demás debería extenderse a todo ministro de culto que haya prestado asistencia religiosa habitual durante la última enfermedad del causante). En todo caso para efectos civiles y tributarios debería evitarse toda confusión entre el patrimonio de los dirigentes religiosos y ministros de culto y el patrimonio de las entidades religiosas. La Comisión investigadora, a efectos de evitar la manipulación de recursos, succionados de los creyentes (en especial de los sectores con menos educación) -situación común en las sectas- invita a las autoridades de gobierno, en especial a las autoridades tributarias, a estudiar (en conjunto con las iglesias reconocidas) el sistema conocido en derecho comparado como “tributo religioso”.

EN ESTOS ESTADOS (DE TRANCE) SÓLO QUEDA ACTUANDO EL ROBOT HUMANO QUE HABLA, RAZONA, ACTÚA Y ADQUIERE COMPROMISOS; PERO SIN LA CONDICIÓN PRIMORDIAL QUE NOS HACE HOMBRES, LA CONCIENCIA. ES EN ESTA CONDICIÓN EN QUE SE REALIZAN LAS ACCIONES DE LOS GRUPOS DESTRUCTIVOS SOBRES SUS MIEMBROS, LAS MUJERES Y LOS NIÑOS, LAS VÍCTIMAS MÁS FRECUENTES Y HABITUALES.

Este sistema, en especial el alemán, permite que en su declaración anual de impuesto a la renta, el contribuyente pueda libremente declarar la confesión religiosa a que pertenece, actuando el Estado como retenedor de esos dineros cultuales, en un porcentaje variable según la confesión religiosa, pero con un límite máximo. Ello operaría respecto de entidades religiosas con personalidad jurídica vigente. De esta manera para gozar de este beneficio tributario la secta debería convertirse en un nuevo movimiento religioso con personalidad jurídica reconocida, proceso de reconocimiento en que el Estado puede asegurarse que no se atentará contra el orden público, la moral o las buenas costumbres.

SI LA SECTA ES PODEROSA CON O SIN PERSONALIDAD JURÍDICA VIGENTE SERÁ INTOCABLE. DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA EL ESTADO NO HACE NADA; NADA ES NADA.

GENERAR MÁS BUROCRACIA PARA DAR “LA SENSACIÓN” DE QUE SE HACE ALGO.

La Comisión investigadora llama la atención de las autoridades tributarias, en especial de las de fiscalización tributaria, sobre el importante rol que pueden jugar en materia de sectas, con sólo dar el estricto cumplimiento a sus potestades públicas.

Llamado de atención que debe ser válido para todas las reparticiones del Estado y en todos los ámbitos; en un cultura dominada por el dinero, obviamente será la preocupación principal.

Al fiscalizar una organización frecuentemente se muestra a las claras que se trata de una secta, pues muy a menudo las instituciones sectarias se organizan para efectuar fraudes fiscales y su actuación dista de ser transparente. Dado que los servicios de impuestos pueden fiscalizar las sectas, el procedimiento de verificación de las declaraciones (incluyendo la verificación de contabilidad) puede detectar anomalías: déficit crónico, enriquecimiento no justificado de dirigentes o algunos miembros, etcétera. Ahora bien, sin constituirse en un cazador de brujas, el fisco puede atacar el fraude, la elusión y evasión de impuestos efectuados por las sectas, a lo menos de aquellas que prosperan rápidamente. Finalmente, si la constitución de una secta es un medio de enriquecimiento personal de un gurú o de un dirigente, el control de la situación fiscal personal de éstos puede mostrar discrepancias entre los ingresos declarados por el contribuyente, su situación patrimonial y su estilo de vida. 4 El derecho penal frente al problema de las sectas.

La condición primordial para enfrentar de manera cabal el tema de los “grupos con comportamiento destructivo”, es la toma de conciencia por parte de la sociedad de las últimas evidencias científicas en relación al control mental y las que nos hablan de que es posible obnubilar funcionalmente los centros cerebrales superiores mediante las técnicas y procedimientos adecuados, todo y más lo que produce los llamados estados de trance.

En estos estados sólo queda actuando el robot humano que habla, razona, actúa y adquiere compromisos; pero sin la condición primordial que nos hace hombres, la conciencia.

Es en esta condición en que se realizan las acciones de los grupos destructivos sobres sus miembros, las mujeres y los niños, las víctimas más frecuentes y habituales.

Una adecuada respuesta del Estado debe considerar las últimas concepciones científicas del universo y de lo que es la realidad, de no hacerlo seguiremos entrampados en el oscurantismo y barbarie del milenio que se fue.

En general, el derecho penal chileno se encuentra provisto de medios para hacer frente a delitos que cometan los dirigentes o ministros de culto sectarios.

ENTONCES, ¿POR QUÉ LA IMPUNIDAD? NO FALTAN MEDIOS SINO VOLUNTAD POLÍTICA DE HACERLO.

Sin embargo, ciertas figuras jurídicas pueden ser objeto de perfeccionamiento: publicidad engañosa; estafas y engaños; abuso de confianza; abuso de posición dominante; abandono de personas en peligro; ejercicio ilegal de profesiones médicas y sicológicas y, en general, los delitos que se vinculan a la pedofilia (ejemplo: sustracción de menores, abandono de hogar) y a la trata de personas. Así, por ejemplo, en lo referente a las estafas y fraudes,

el Director de Investigaciones señala en su Informe de 3 de mayo de 2001: “2.2 Considerando el contexto de actuación de los líderes o dirigentes de este tipo de sectas, respecto de la absorción o apropiación de bienes de los integrantes, a través de cesiones o “contribuciones” a las sectas, es necesario examinar si los marcos normativos a través de los cuales se tipifican los delitos de apropiación indebida, estafas y fraudes son adecuados a la realidad particular de las sectas que constituyen organizaciones coercitivas. El principal problema es que el requisito de falta de voluntad del dueño de los bienes o el “engaño” en virtud del cual se “perjudica patrimonialmente” a la víctima, que exige la actual legislación no concurre exactamente en la realidad de una secta de estas características. El miembro de la secta actuará más bien anulado en su voluntad real o impedido de ejercerla conscientemente. En la exterioridad de los actos existirá una voluntad manifestada en relación de las respectivas transferencias patrimoniales”.

UNA MUY ACERTADA ACOTACIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR DE INVESTIGACIONES Y LA QUE DEMUESTRA UN GRAN Y REFINADO CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS PROCESOS MENTALES INVOLUCRADOS, SERÍA DE SUMA IMPORTANCIA CONTAR CON SU ASESORÍA EN FUTURAS ACCIONES DEL ESTADO.

La Comisión investigadora insta al Ministerio de Justicia y al Consejo de Defensa del Estado a realizar los estudios para el perfeccionamiento de los tipos penales existentes para hacer frente al flagelo de las sectas.

Sería interesante conocer el estado de los estudios, habiendo pasado ya 6 años de la entrega de este Informe.

La experiencia comparada muestra que en general las sectas cometen atentados criminales mediante comportamientos activos (homicidios, inducción al suicidio, lesiones, maltrato, torturas y actos de barbarie, diversos atentados sexuales, proxenitismo y corrupción de menores, ejercicio ilegal de la medicina, etc.) o mediante abstenciones (no asistencia a persona en peligro; abandono de menores, etc.).

UNA MUY EXACTA DESCRIPCIÓN

Un punto particularmente importante es perfeccionar nuestro ordenamiento a fin de establecer la responsabilidad penal de las personas morales y jurídicas. Por ejemplo, el Código Penal francés (artículo 121-2 después de la reforma de 1994) establece que: “Las personas morales, excluido el Estado, son responsables penalmente, según las distinciones de los artículos 121-4 al 121-7 y en los casos previstos por la ley o el reglamento de las infracciones cometidas, por su cuenta, por sus órganos o representantes... La responsabilidad penal de las personas morales no excluye la de las personas físicas autores o cómplices de los mismos hechos”. Georges Fenech en “Face aux Sectes. Politique, Justice, Etat” Presses Universitaires de France, Paris, 1999, explica que son delitos imputables a la persona moral diversas infracciones contra las personas, contra los bienes o infracciones cometidas en perjuicio de la Nación, el Estado y la paz pública, tales como los actos de terrorismo, la reconstitución de movimientos disueltos, la corrupción, el tráfico de influencia, etc., y agrega: “La justicia dispone de un nuevo arsenal represivo que puede aplicarse a las sectas en tanto que entidad jurídica propia, distinta de los individuos que la componen.

Las penas previstas son particularmente disuasivas puesto que van desde la disolución del grupo (pena eliminatoria) a la prohibición definitiva o temporal de ejercer directa o indirectamente una o más actividades profesionales o sociales, pasando por la sujeción a vigilancia judicial, el cierre definitivo o temporal de uno o más establecimientos de la agrupación y que hayan servido para cometer el delito, la colocación en afiches del delito o su difusión por medio de la prensa escrita o audiovisual”. (op. cit., página 141).

Por último, el máximo de la multa aplicable es el quíntuplo de la cantidad prevista para las personas físicas por la comisión de los mismos delitos. La circular del Ministerio de Justicia galo es muy explícita al respecto: “El Código Penal que entró en vigencia el 1 de marzo de 1994 introdujo el principio de la responsabilidad penal de las personas morales. Conviene, entonces, cada vez que los delitos lo permitan, interponer la acción pública frente a las personas morales constitutivas de sectas o ligadas a sus actividades y requerir la aplicación resuelta de las penas en los términos establecidos en los artículos 131-37 y siguientes del Código Penal”.

Tal ha sido la vía final de la reciente Ley About-Picard cuyo artículo primero dispone que “puede ser pronunciada, según las modalidades previstas en el presente artículo, la disolución de toda persona moral, cualquiera sea la fórmula jurídica u objeto, que realiza actividades que tienen por fin o por efecto, crear, mantener, o explotar la sujeción sicológica o física de personas que participan en sus actividades, cuando han sido pronunciadas, contra la misma persona moral o sus dirigentes de hecho o de derecho, condenaciones penales definitivas por uno u otro de los delitos mencionado en lo que sigue...”.

La Comisión investigadora insta asimismo al Ejecutivo y al Consejo de Defensa del Estado a estudiar los tipos penales recientemente discutidos en la Asamblea Nacional y el Senado francés, en la llamada Ley About-Picard y ver si es necesario introducir tipos equivalentes en el ordenamiento penal chileno.

Urge hacerlo

La Comisión investigadora tomando conocimiento del amplio debate dentro y fuera del Parlamento de Francia, estima necesario estudiar a fondo la posibilidad de establecer en Chile el “delito de manipulación de conciencia” y la disolución por vía administrativa de las sectas por el delito de constitución y organización de las mismas. Respecto al eventual establecimiento de un “delito de manipulación de conciencia”, es el parecer de la Comisión investigadora que en su estudio se deban tomar todos los resguardos para evitar el riesgo de constituir un tipo penal en blanco, situación expresamente prohibida por la Constitución chilena. Asimismo, la forma en que se había tipificado en el proyecto francés tal delito hacía correr grave peligro a diversas libertades públicas y en especial a la libertad religiosa.

Lo que probablemente corrió peligro en el proyecto fue “el opio de los pueblos”, la libertad con mayúsculas es garantía del pleno cultivo de la genuina “experiencia religiosa” más allá de las sectas y grupos de poder.

Finalmente, la Comisión investigadora constató que el proyecto francés definitivamente aprobado el 30 de mayo 2001 no contiene tal delito de manipulación de conciencia.

OFRECEMOS REALIZAR EXPERIMENTOS TESTEADOS POR CÍRCULOS UNIVERSITARIOS EN EL SENTIDO DE TRANSFORMAR A UNA POBLACIÓN OBJETIVO EQUIS EN UN GRUPO CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS OBSERVADOS EN LOS MÁS NEFASTOS “GRUPOS CON COMPORTAMIENTO DESTRUCTIVO”.

También fue desechada la disolución por vía administrativa de los movimientos sectarios por extensión de la ley de 10 de enero de 1936 que atacaba la formación de grupos de combate y las milicias privadas y que permitía la disolución por decreto de todo grupo que organizare manifestaciones armadas en las calles o incitare a la discriminación, al odio y a la violencia, colocando en peligro la legalidad republicana y la seguridad del Estado.

Una ley de 9 de septiembre de 1986 había igualmente extendido sus disposiciones a los grupos que provocaren actos terroristas. Pero, incluso después de estas mejoras, la ley Nº 2001-504 de 12 de junio de 2001 y que tiende “a reforzar la prevención y la represión de los movimientos sectarios que atentan contra los derechos del hombre y otras libertades fundamentales” ha sido fuertemente criticada por todas las iglesias tradicionales europeas.

“Al césar lo que es del césar, a Dios lo que es de Dios”

Ejemplo de ello, son las declaraciones de la Conferencia Episcopal Francesa y de la Federación protestante de Francia, la colocación de Francia en el Informe 2001 de la organización “Ayuda a la Iglesia en Necesidad” como país violatorio de la libertad religiosa y el artículo del jesuita Paolo Ferrari que señala que “la legislación sobre sectas levanta la sospecha que podría constituirse en un arma en manos de aquellos que no sólo quieren combatir grupos restringidos, sino más bien reducir la relevancia del factor religioso. Podría llegar a constituir una amenaza para la libertad religiosa y la profesión de fe, de cualquiera fe” (La Civiltá Católica, 26 de julio de 2001). Normalmente los editoriales de la Civiltá Católica son aprobados por la Santa Sede.

NOS GUSTARÍA CONOCER LAS EXPRESIONES EMITIDAS POR LA Conferencia Episcopal Francesa y la Federación Protestante de Francia, EN RELACIÓN A LAS CIENTOS DE VÍCTIMAS INDEFENSAS DE GRUPOS DESTRUCTIVOS Y DE QUÉ MANERA COMO BUENOS SAMARITANOS HAN AYUDADO AL QUE SUFRE.
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5. Reforma en el ámbito del Derecho Eclesiástico del Estado. La ley Nº 19.638 que regula la constitución jurídica y organización de las iglesias y otras confesiones religiosas debería modificarse, con plena participación de todas las iglesias y confesiones religiosas con notorio arraigo en Chile, según los siguientes criterios:

(1º) Proceder a precisar mejor lo que se entiende como “entidad religiosa”, dejando fuera de la protección legal como tal entidad a grupos esotéricos, parasicológicos, satánicos o grupos cuya finalidad no es religiosa como entidades educacionales, de formación profesional o desarrollo personal, de cultura física, de medicina alternativa y ecológicos, por ejemplo. Debería agregarse en el artículo 4º de la ley Nº 19.638 que las operaciones de estas entidades no podrán comprender actividades sectarias contrarias al artículo 19 Nº 6 de la Constitución ni acciones de ese tipo calificadas de ilícitas por el daño moral o físico provocado a uno de sus miembros. Estas proposiciones son derivadas de las observaciones del ministro de Justicia sobre “actividad sectaria peligrosa” y “asociaciones ilícitas con fines sectarios peligrosos” en su Oficio Nº 2270 de 31 de mayo de 2001, páginas 5 y siguientes.


(2º) Proceder a precisar mejor que una entidad religiosa para gozar de la protección legal y reglamentaria como entidad de dicha naturaleza, debe “permanecer en el tiempo dedicada a la prosecución de fines religiosos”. Ello para prevenir que una entidad religiosa devenga con el transcurso del tiempo una entidad cuyos fines han dejado de ser religiosos.


(3º) Proceder a precisar que el derecho a acceso para prestar asistencia religiosa en recintos hospitalarios, carcelarios y establecimientos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública sólo puede ser ejercido por sacerdotes, pastores y ministros de culto debidamente acreditados por entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica conforme a la ley chilena. En efecto, al no exigir este requisito se va a facilitar el libre acceso de sectas destructivas a dichos recintos y establecimientos con el agravante que reclusos y enfermos son personas en situación de vulnerabilidad sicológica a las que el Estado tiene el deber de proteger. La Comisión investigadora deja constancia de que no comparte el criterio expresado por el señor contralor general de la República en orden a que “no resulta admisible que dicha asistencia religiosa sea condicionada a que quien la preste cuente con personalidad jurídica” (Oficio del Contralor Nº 34.472 de 13 de septiembre de 2001), pues el ministro de culto que presta tal asistencia lo hace acreditado por “representantes legales” de un culto y actuando a nombre de una entidad religiosa, la que debe tener personalidad para tener “representantes” acreditadores. En atención a que dicho requisito de contar con personalidad jurídica debe ser materia de ley se propone precisar a través de una reforma legal el artículo 6º de la letra c) inciso segundo de la ley Nº 19.638.


(4º) La Comisión investigadora concluye que debe dotarse al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior de mecanismos idóneos para realizar un control preventivo en la etapa de registro y constitución de la entidad religiosa. Por ello se estima altamente conveniente la modificación del actual reglamento de inscripción de entidades religiosas derivado de la ley Nº 19.638 (OS.21 de marzo de 2000), teniendo en consideración el contenido de los artículos primitivos 10 y 12, cuyo texto fue proporcionado a la Comisión investigadora por el ministro secretario general de la Presidencia, don Álvaro García Hurtado, en oficio ordinario Nº 922 de 8 de septiembre de 2000, y que se reproducen a modo de información. “Artículo 10: A requerimiento del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior evacuará los informes que se soliciten para resolver sobre el registro impetrado, utilizando el medio más rápido y expedito para ello”. “El Ministerio de Justicia podrá, adicionalmente, requerir de toda persona o autoridad, los informes o antecedentes que estime convenientes respecto del registro impetrado por la entidad religiosa”. “Artículo 12: “Cualquier persona podrá, dentro del plazo de 30 días desde la fecha de inscripción en el registro público de una entidad religiosa, presentar antecedentes al Ministerio de Justicia, formulando un petición concreta, acerca de la constitución de dicha entidad religiosa”. “Esta presentación será puesta en conocimiento de la entidad religiosa que se está constituyendo, quien contará con un plazo de 20 días para realizar observaciones a la presentación, contados desde la fecha en que se expidió la correspondiente providencia”.


(5º) La Comisión hace suyas las conclusiones aportadas por el Ministerio de Justicia, en el oficio solicitado, en orden a la regulación del procedimiento de reforma de estatutos de una entidad religiosa regida por la ley Nº 19.638 y a la regulación de los sistemas de registro y control posterior de una persona jurídica creada por una entidad religiosa de derecho público regida por la ley Nº 19.638. Dice el oficio del ministro de Justicia: “La ley Nº 19.638 no contempló normas que se refieran a la manera como una entidad religiosa puede acordar reformar sus estatutos. Unido a lo anterior, no existen medios que posibiliten al Ministerio de Justicia conocer el nuevo tenor de éstos, en caso de ser modificados. Correspondería, en consecuencia, introducir artículos que regulen la reforma de estatutos, teniendo presente que por vía de reformas, una entidad existente podría variar u ordenar de un modo radicalmente distinto sus fines y derivar sus objetivos hacia prácticas que alteren la moral, el orden público o las buenas costumbres”. “Los artículos 8º y 9º de la ley Nº 19.638 señalan que las entidades religiosas pueden crear personas jurídicas, las que son reconocidas como tales acreditando su existencia la autoridad religiosa que las ha erigido o estatuido. Tal circunstancia puede originar el nacimiento de entidades cuyos estatutos contengan, por señalar lo menos, disposiciones contrarias al orden público, la moral o las buenas costumbres”. “Para precaver lo anterior es preciso que en los estatutos de la entidad matriz, esté indicado en forma clara y precisa la manera o modo de crear nuevas entidades, en forma tal que a cualquier persona que desee contratar con esta nueva entidad, le quede claro las atribuciones y restricciones que puedan afectarle”. “Asimismo, es también necesario establecer la facultad de revisión que cabe al Ministerio de Justicia, en orden a velar que se cumplan debidamente los procedimientos indicados en los estatutos de las entidades religiosas de derecho público. De igual modo, se sugiere incorporar como trámite de carácter obligatorio el depósito de los estatutos que han de regir a estas personas jurídicas derivadas en el Ministerio de Justicia”. “Realizado lo anterior, el Ministerio dentro del plazo y procedimiento determinado, podrá objetar y ordenar subsanar eventuales reparos que a ellos formula, anotándose en el Registro Público de Entidades Religiosas. Esta misma anotación consignará que la nueva persona jurídica, fue erigida por aquella que se encuentra registrada como entidad religiosa bajo el número de registro que el caso corresponda indicar, mediante anotación marginal. Puede sostenerse que el reconocimiento de la calidad de entidad religiosa de derecho público al ente matriz -en virtud de la ley Nº 19.638- no significa necesariamente que una acción de ésta, expresada en la materialización de la persona jurídica que la crea, libere a ésta de toda mínima regulación y registro que tiende a favorecer intereses de terceros y proteger la fe pública”.


(6º) La Comisión investigadora también hace suya la proposición de incluir en la ley Nº 19.638 normas que resguarden explícitamente la protección de los derechos de la infancia, propuesta efectuada por el ministro de Justicia, en el sentido de que “debe habilitarse a la autoridad de salud competente para que emita un pronunciamiento sobre la obligatoriedad de la asistencia sanitaria para el menor de edad cuando lo necesite, aun cuando sus padres o tutores la nieguen por sus concepciones religiosas”.

El interés superior del niño debe ser la guía de todas las acciones del Estado; pero ¿quién defiende a los niños de la ineficiencia del Estado y sus funcionarios?

Los juicios suelen durar años, lo que dañará para siempre a los pequeños afectados.

“De igual modo, es preciso otorgar facultades a la institución del Estado que corresponda, al efecto de facilitar la fiscalización de comunidades cerradas vinculadas a la práctica de un culto religioso, cuando existan presunciones fundadas respecto de la permanencia de un menor en su interior, al margen de la custodia de sus padres”.

ÍDEM

(7º) Otros perfeccionamientos deseables de la ley Nº 19.638. a) Debería dictarse un reglamento que contenga un estatuto sobre ministros de culto: La ley Nº 19.638 supone el acceso a ciertos recintos y establecimientos de “ministros de Culto” para prestar asistencia religiosa, pero en parte alguna se regula cuáles son los derechos y deberes de tales ministros, la forma de acreditación, la responsabilidad que pueden tener y la responsabilidad que asume la entidad religiosa que los acredita en caso de abusos en el ejercicio de su ministerio, las normas acerca de confidencialidad respecto de su asistido y respecto del hospital, cárcel o del establecimiento castrense. Siendo los ministros de culto un eslabón altamente sensible de la relación religiosa y proclive a efectuar una actividad sectaria o a ser utilizado por la actividad sectaria, la Comisión investigadora estima necesario que los Ministerios del Interior y Justicia sean habilitados expresamente por la ley Nº 19.638 de la potestad de dictar un reglamento especial sobre “Estatuto de los ministros de Culto” de manera de velar por la seguridad jurídica, la buena fe de los asistidos y precaverse contra eventuales abusos sectarios. b) La Comisión investigadora hace suya la proposición del Ministerio del Interior en el oficio Nº A0329 de 28 de agosto en orden a que el actual artículo 3º del Reglamento no se contente con disponer: “No podrán suscribir el acta de constitución de la entidad religiosa, las personas condenadas por delito que merezca pena aflictiva”, sino que se establezca una norma similar a la del artículo 8º párrafo 2 del D.S. Nº 110 de 1979, del Ministerio de Justicia. En todo caso, no deberían poder suscribir el acta de constitución las personas naturales que integraban los órganos directivos de una entidad religiosa al momento de su disolución judicial.

Copiamos un fragmento que nos parece muy acertado:

“Creo que el Estado, no tiene entidad ni autoridad para definir qué creencia constituye una fe religiosa y cuál no. Para esta situación lo que se requiere es tipificar claramente los delitos económicos y penales, dar lugar a estas nuevas motivaciones que tienen raigambre religiosa, y reprimir con todo el peso de la ley civil cualquier exceso o violación a los Derechos Individuales y Sociales, provengan de quien provengan. Ésta es la mejor garantía de respeto de la libertad religiosa.”

Extractado de ¿Hace falta un registro de Cultos en la República Argentina, Oscar Gerometta,
Editor Informe sobre Sectas

c) En las sesiones celebradas con la Comisión investigadora, tanto el ministro de Justicia como el subsecretario del Interior señalaron que no estaban dotados de potestades para fiscalizar si las personas jurídicas religiosas se mantenían dentro de sus fines en la actividad que desarrollan después de su constitución. Precisamente porque, a menudo, las sectas emplean personalidades vigentes para realizar su actividad destructiva, esta Comisión investigadora estima conveniente que una modificación de la ley Nº 19.638 dote a ambos ministerios de facultades fiscalizadoras y establezca la obligación de las entidades religiosas de remitir los antecedentes que le sean solicitados, pero debería cuidarse que estas potestades se concilien con la libertad religiosa y dejar siempre expedito el acceso de los interesados a los tribunales de justicia. d) Por oficio Nº 2270 de 31 de mayo de 2001, el señor ministro de Justicia ha propuesto “el estudio de la eventual creación de una unidad encargada del registro y supervisión del funcionamiento de entidades religiosas de derecho público y privado, que incluya el estudio de aquellas actividades susceptibles de ser calificadas como sectas peligrosas de motivación religiosa”. La Comisión investigadora hace suya esta proposición e insta al gobierno -puesto que tal creación es de su iniciativa legal exclusiva- a crear un Departamento de Personas Jurídicas Religiosas radicado en el Ministerio de Justicia, con la dotación de personal y recursos necesarios para cumplir dicha tarea. e) La Comisión investigadora estima necesario que una reforma de la ley Nº 19.638 cree a nivel presidencial una Comisión Asesora de Libertad Religiosa, teniendo como vicepresidente al ministro de Justicia, comisión que asesore a su Excelencia y a los Ministerios en este importante ámbito social, en el cual se inserta como un elemento destructivo la actividad sectaria. Esta Comisión debería estar compuesta en forma tripartita (organismos públicos, entidades religiosas reconocidas y expertos). Los miembros actuarían ad honorem y debería tomarse recaudos (ejemplo en las causales de remoción) para asegurar la independencia de sus miembros en el ejercicio de sus funciones. Normalmente su consulta sería facultativa y su dictamen no vinculante. Una de las tareas más importantes que podría confiarse a dicha Comisión es la preparación de un proyecto de ley de reforma constitucional que enriquezca el actual artículo 19 Nº 6 con lo establecido en materia de libertad religiosa en los Pactos Internacionales y la experiencia mundial de las últimas décadas en estos asuntos. f) La Comisión investigadora ha constatado, con grave preocupación, que aún no han sido dictados los reglamentos de acceso de pastores, sacerdotes y ministros de culto para la prestación de la asistencia religiosa, exigidos por la ley Nº 19.638. El tiempo transcurrido desde la publicación de la ley hace que el Ejecutivo esté incurriendo en una grave omisión. Este aspecto de la asistencia religiosa es altamente sensible para regular la actividad sectaria. La Comisión investigadora estima que los reglamentos indicados no deben intervenir en materias substantivas de la asistencia religiosa, pues la habilitación legal es sólo para regular la forma y condiciones de acceso de ministros de culto, no debiendo introducirse en campos cubiertos por la libertad religiosa. En este sentido, el único reglamento dictado (Decreto Supremo de Salud Nº 351 de 2000, publicado en el Diario Oficial de 28 de octubre de 2000) ha sido fuertemente criticado por todas las entidades religiosas más importantes y pedido su modificación, en gran medida por haberse excedido en el ámbito de su competencia, afectando la libertad religiosa. A ello se une el hecho lamentable de que las entidades religiosas no fueron consultadas en el proceso de preparación de dicho decreto. La Comisión se alegra de que la señora ministra de Salud en el Oficio Ordinario Nº 2C 5232 de 10 de agosto de 2001 haya informado que “hemos abierto un espacio de diálogo con las diferentes iglesias para escuchar opiniones que permitan perfeccionar y mejorar algunas de sus disposiciones, de modo que se articule adecuadamente la normativa vigente tanto religiosa como sanitaria con las necesidades y realidades del quehacer de las partes involucradas”. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de seis meses de la apertura de dicho espacio de diálogo el reglamento mencionado no ha sido modificado.

La Comisión investigadora insta al Poder Ejecutivo a la pronta dictación de estos reglamentos y a que en ellos se tomen los recaudos para impedir la actividad destructiva de las sectas en los recintos hospitalarios, carcelarios y en los establecimientos de la Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad a través de estos reglamentos de acceso, previstos en la ley Nº 19.368. g)

Respecto a la disolución de personalidades jurídicas religiosas de la ley Nº 19.638, la Comisión investigadora hace suyas las siguientes observaciones de la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña Clara Eleonora Szczaranski en su oficio reservado de 2 de agosto de 2000:

1. “La disolución de una persona jurídica constituida conforme a la ley en trámite, podrá llevarse a cabo por sentencia judicial firme recaída en juicio incoado a requerimiento del Consejo de Defensa del Estado, el que podrá accionar de oficio o a petición de parte, en los casos que así corresponda. El proyecto, sin embargo, no establece los casos en que debiera intervenir, ni las causales mismas de disolución. Al no poder entenderse que su intervención es una facultad discrecional del Consejo, la ausencia de causales hace que la norma sea confusa y de difícil o imposible aplicación”.

2. En cuanto a la intervención del Consejo a petición de parte, ello deja abierta la posibilidad, al no explicitarla, de que sea a petición de cualquier particular, del gobierno, de otra iglesia, etc. “La falta de normativa clara puede estimarse atentatoria a la propia libertad religiosa que se pretende asegurar y podría poner al Consejo en una situación muy difícil”. La Comisión investigadora, conocedora de que la disolución de la personalidad jurídica es una de las posibles sanciones que pueden aplicarse en el caso de actividades sectarias peligrosas, recomienda completar los artículos referentes a la disolución en la ley Nº 19.638 tomando en consideración lo expuesto por el Consejo de Estado y, en lo posible, con participación del Consejo de Estado en la elaboración de la nueva norma así como del reglamento de inscripción. La Comisión investigadora advierte que la norma del artículo décimo letra b) es incompleta por cuanto no se sabe a qué requisitos se refiere la ley y si las objeciones son de forma y fondo, o sólo formales. En ese sentido el Ministerio de Justicia ve limitada sus facultades de oposición a la constitución de personalidad jurídica. Hace suya la crítica formulada por el Consejo de Estado en lo que expresa: “5. El artículo 11, inciso primero señala que el Ministerio de Justicia puede objetar la constitución de una persona jurídica “si faltara algún requisito”. Sin embargo, no se explicita cuáles requisitos se exigen ni de qué requisitos se trata, no quedando claro cómo podría el Ministerio de Justicia oponerse si la ley no señala requisitos, no pudiendo extenderse a estas nuevas personas jurídicas los requisitos establecidos para las personas jurídicas de derecho privado ya que se les otorga personalidad jurídica de derecho público. Tampoco puede entenderse que las objeciones formuladas fueran de carácter discrecional por parte del Ministerio, ya que ello no guardaría relación con el espíritu del proyecto”.

III. PROPOSICIONES DE REFORMAS ADMINISTRATIVAS PARA ENFRENTAR LAS SECTAS DESTRUCTIVAS.

La Comisión investigadora sugiere adoptar las siguientes reformas en la Administración Pública:

1. A nivel del Ministerio del Interior. Es a este Ministerio al que, en conformidad a su Ley Orgánica, le corresponde el principal papel en enfrentar el problema de las sectas destructivas. De ello tiene plena conciencia el señor ministro del Interior al proponer en su oficio de 10 de mayo de 2001: “desarrollar una rigurosa relación interministerial para atender el tema de una manera unívoca”. Por ello la Comisión propone que sea creada, bajo dependencia del subsecretario del Interior, un Observatorio Interministerial de Sectas, siguiendo los modelos francés y suizo, que tenga por objeto: “Analizar el fenómeno de las sectas, incentivar a los servicios públicos para tomar medidas contra las sectas que atenten a la dignidad de la persona humana o amenacen el orden público; contribuir a la información y formación de funcionarios públicos en los métodos de lucha contra las sectas; informar al público sobre los peligros que encierra el fenómeno sectario; participar en las reflexiones y trabajos que conciernen al tema de las sectas”.

URGE HACER REALIDAD ESTE OBSERVATORIO; HAN TRANSCURRIDO 6 AÑOS… ¿CUÁNTOS MÁS SON NECESARIOS?

Especialmente le corresponde al Ministerio del Interior preocuparse de las asociaciones sectarias sin personalidad jurídica y del uso de drogas por las sectas. Finalmente, conforme a la propia sugerencia del Ministerio del Interior, le corresponde propender “a la formación de organizaciones especializadas, multiprofesionales, destinadas a evaluar preventivamente el tema y entregar material analítico a las diversas instancias institucionales y sociales, tales como organismos policiales, entidades educacionales y ministerios relacionados (Interior, Educación, Justicia y Hacienda)”.

SERÍA INTERESANTE SABER EL RESULTADO DE ESTAS SUGERENCIAS Y DE NO HABERSE HECHO NADA DETERMINAR POR QUÉ NO Y QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES.

2. A nivel de los servicios policiales. La Comisión hace suya asimismo la sugerencia del señor ministro, don José Miguel Insulza Salinas en orden a “la creación de unidades especializadas, tanto en la policía uniformada como civil, que tengan por objeto reunir y manejar la información sobre la materia” (punto 4,b de su oficio ordinario 0208 de 10 de mayo de 2001).

Sería interesante saber el resultado de estas sugerencias.

La Comisión acoge la propuesta del subsecretario de Carabineros, don Patricio Morales Aguirre, en su oficio reservado Nº 67 de 2 de enero de 2001, a saber: “capacitar al personal policial, con el propósito de que pueda abordar la materia en forma integral y especializada, tomando como referente, la experiencia y conocimientos con que cuentan las unidades policiales destinadas a enfrentar esta problemática en países donde el tema en la actualidad constituye un problema mayor”.

Sería interesante saber el resultado de estas sugerencias. Vemos difícil que haya un país más representativo del accionar impune de las sectas que Chile y en donde el problema sea mayor.

Como actualmente las policías se encuentran bajo dependencia del Ministerio de Defensa, la Comisión hace presente a la ministra Michelle Bachelet y a los subsecretarios de Carabineros y de Investigaciones la necesidad de crear dichas unidades especializadas. En el mismo sentido acoge lo propuesto por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Nelson Mery Figueroa en su oficio de 3 de mayo de 2001: “2.9 Se estima que para una mejor forma de control y fiscalización de las sectas religiosas que existan o pretendan existir en el país, será necesario ampliar las facultades legales a las Policías, para que a requerimiento de la autoridad judicial o administrativa puedan investigar e informar acerca de si tales sectas cumplen en realidad los fines u objetivos establecidos en sus estatutos, ya sea que se encuentren en etapa de formación o funcionamiento”.

Sería interesante saber el resultado de estas sugerencias

La Comisión, producto de sus trabajos, alerta a las Policías y al Colegio Médico sobre la necesidad de perseguir el ejercicio ilegal de la medicina por grupos sectarios, bajo pretexto de terapias alternativas y sobre la necesidad de aplicar estrictamente el Código de Ética por aquellos médicos vinculados a pacientes que pertenecen a las sectas. Asimismo, la experiencia comparada permite alertar sobre las infiltraciones en materias empresariales, en especial en la actividad de perfeccionamiento y entrenamiento de ejecutivos y cuadros, por lo cual debería evitarse que se utilizaran por sectas u organizaciones controladas por ellas dineros Sence y las organizaciones empresariales y empresarios deberían ser alertados sobre los peligros que corren ejecutivos y trabajadores al ser enviados a estos cursos y seminarios.

Los "coaching" empresariales hacen su agosto en nuestro país. En la práctica son fábricas de psicópatas inducidos y depredadores. Creemos muy interesante hacer saber a la comunidad, que el equipo de Gobierno de la señora Bachelet ha recibido desde sus inicios entrenamiento por reconocidos expertos de estas "disciplinas".

La experiencia comparada permite, asimismo, a esta Comisión alertar sobre la posible infiltración de los poderes públicos, en especial los tribunales de justicia, las policías, los servicios de impuestos y aduanas, para no tener que lamentar las situaciones vividas en Francia y Alemania.

VOLVEMOS A INSISTIR QUE FRANCIA Y ALEMANIA SON DOS PAÍSES QUE SE HAN ATREVIDO A ENFRENTAR EL PROBLEMA. EN NUESTRO PAÍS LA INFILTRACIÓN ES AL GRADO DE PATÉTICO.

Ello es conforme a lo informado por el subsecretario de Carabineros: “Realizar campañas de prevención y sensibilización, respecto de los peligros que puede conllevar el fenómeno sectario, dirigidas a la opinión pública y a aquellas instituciones del Estado, particularmente sensibles frente a la materia (Fuerzas Armadas y de Orden, Poder Judicial, Parlamento, Ministerio de Educación)”.

Sería interesante saber el resultado de estas sugerencias.

3. A nivel del Ministerio de Justicia. Como ya se ha señalado en páginas anteriores de este Informe, la Comisión ha propuesto la creación de un Departamento de Personas Jurídicas Religiosas y una Comisión Asesora de Libertad Religiosa, incluyendo en su seno una Comisión Permanente. La Comisión sugiere que el Ministerio de Justicia aliente a la Academia Judicial a efectuar cursos sobre “Poder Judicial y Actividad Sectaria” y a instar al Poder Judicial para que su Comisión de Ética tome medidas que eviten la infiltración sectaria en dicho Poder del Estado.

Sería interesante saber el resultado de estas sugerencias dentro de la poderosa “secta judicial”.

4. A nivel del Ministerio de Defensa. Se ha señalado ya la necesidad de una coordinación institucional de las policías en torno a este tema, por lo cual las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones deberían crear las instancias necesarias.

Sería interesante saber el resultado de estas sugerencias.

Asimismo, en el seno del Ministerio de Defensa podría tener cabida la materialización de lo propuesto por el subsecretario de Carabineros en su oficio de 2 de mayo de 2001, ya mencionado: “1. Crear una instancia formal, de intercambio de información a nivel internacional, respecto de sectas consideradas peligrosas o que enfrenten problemas legales en otras latitudes del mundo”.

Sería interesante saber el resultado de estas sugerencias. Nuestra experiencia es que los funcionarios temen involucrarse en cualquier cosa que pueda dañar su carrera.

Basta recorrer los listados de las organizaciones autorizadas por el Ministerio de Justicia y nos encontraremos con que la mayoría son sectas consideradas como peligrosas o muy peligrosas.

Igualmente la Comisión sugiere a la ministra de Defensa estudiar la conveniencia de crear en el seno del Estado Mayor de la Defensa, un ámbito de estudio y sugerencias sobre “Sectas y Seguridad Nacional”, en especial en referencia a la actuación de grupos sectarios al interior de las Fuerzas Armadas, atendidas las dimensiones que ha tomado la vinculación de las sectas con el terrorismo y su impacto en la política y defensa externa.

Sería interesante saber el resultado de estas sugerencias y como tema a desarrollar podemos mencionar a "La Escuela de las Américas", a buen entendedor, pocas palabras. ¿Existe Chile todavía?

5. A nivel del Ministerio de Hacienda y de Economía. La Comisión sugiere al Servicio de Impuestos Internos elaborar un informe sobre evasión y elusión tributaria de entidades sectarias. Igualmente insta a las autoridades económicas a preocuparse del fenómeno del lavado de dinero y de las inversiones externas de entidades sectarias. Respecto del Ministerio de Economía se sugiere estudiar en conjunto con el de Justicia la posibilidad de extender las facultades de las Comisiones Revisoras de Cuentas creadas para las asociaciones gremiales de empleadores del sector privado y aplicarlas a las entidades religiosas reconocidas de manera que los libros de actas y de contabilidad de dichas entidades regidas por el DS Nº 110 y por la ley Nº 19.638 se lleven al día y con acceso de los afiliados. Asimismo, el Ministerio respectivo debería gozar de facultades inspectivas, sin perjuicio de aplicar multas si ellas no se corrigieren en el plazo de 30 días (proposición del profesor Carlos Salinas en su libro “Sectas y Derecho”, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, año 2001, página 287). 6. A nivel del Ministerio de Salud. La Comisión sugiere que se encargue a los servicios de Salud “implementar programas de asistencia sicológica y eventualmente de rehabilitación o reinserción, para los ex miembros o víctimas de sectas que hayan incurrido en delitos”, conforme a la proposición del subsecretario de Carabineros en el oficio citado.

Sería interesante saber el resultado de estas sugerencias. EL ESTADO DEBE CREAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA PARA VÍCTIMAS DE SECTAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA MAYORÍA DE ESTAS FUNCIONAN BAJO SU AVAL Y PROTECCIÓN.

7. A nivel del Ministerio de Educación. La Comisión propone al Ministerio de Educación, incorpore, en Programas de Estudios dirigidos a diferentes niveles educacionales (Básicos, Medios, Técnicos y Superiores), formación sistemática que dé cuenta del complejo fenómeno social contenido en la existencia de Sectas Religiosas, poniendo especial énfasis en aquellas que tienen un claro perfil destructivo, en cuanto sus prácticas sociales e ideológicas son medios lesionantes de la dignidad de las personas, y ponen en grave riesgo la integridad física y síquica de ellas.

Sería interesante saber el resultado de estas sugerencias.

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS Y PROMOCIÓN DE SEMINARIOS.

La Comisión propone que la propia honorable Cámara de Diputados asuma un rol activo en la promoción de seminarios especializados para difundir información sobre el tema Sectas Religiosas, para lo cual se puede utilizar los contenidos de este Informe como forma de estructurarlos, adicionando otros medios pedagógicos que contengan datos serios y relevantes sobre la materia. El concurso de los honorables parlamentarios, será vital como contribuyente al conocimiento del fenómeno social de las Sectas Religiosas en Chile.

Sería interesante saber el resultado de estas sugerencias.

V. INFORME A LOS PARLAMENTOS LATINOAMERICANOS.

Tratándose de un tema relevante que va más allá de las fronteras nacionales, la Comisión propone el envío de este Informe a los Parlamentos latinoamericanos, teniendo especialmente en cuenta que, en seminarios interparlamentarios internacionales realizados en esta Cámara de Diputados, fueron numerosas las solicitudes que, en tal sentido, plantearon legisladores visitantes. Esta iniciativa permitirá generar un diálogo especializado sobre el tema, que no sólo tiene relevancia en Chile, sino, y también, es un asunto de impacto en diversas sociedades de América Latina y otros países.

VI. ENVÍO DEL INFORME A DIVERSOS ORGANISMOS.

La Comisión propone, dada la relevancia del tema tratado, se entregue el Informe de la Comisión a los Tribunales de Justicia, a los diversos Ministerios relacionados con la temática (Interior, Educación, Justicia, Trabajo, Relaciones Exteriores, etc.), al honorable Senado, a Iglesias y otras entidades que se estime conducentes, considerando que su difusión será contribuyente a un conocimiento sobre las Sectas Religiosas, particularmente las destructivas, y sus formas de acción en el país.

Sería interesante saber el resultado de estas sugerencias.

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Con las conclusiones y recomendaciones propuestas, esta Comisión investigadora cree haber cumplido con los propósitos enunciados en el proyecto de acuerdo que dio origen a su creación, especialmente en lo señalado a: 1. Establecer si los organismos públicos correspondientes han cumplido con el control que debían asumir sobre la ex Corporación Centro de Estudios Tibetanos y determinar si los antecedentes que se recopilen pudieren ser constitutivos de ilícitos que deban denunciarse a la autoridad respectiva, y 2. Asimismo, investigar el funcionamiento e instalación en Chile de sectas religiosas de perfil destructivo, recabando toda la información de las autoridades pertinentes, al objeto de efectuar un diagnóstico de la realidad que vive el país en esta materia y formular proposiciones de carácter legal, administrativas u otras que se estimen convenientes, a fin de enfrentar, mediante la aplicación de una política de Estado, la existencia de tales organizaciones. -o- Se designó diputado informante al honorable señor Eduardo Díaz del Río.

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Tratado y acordado en sesiones de fechas 12 y 19 de julio; 2, 9, 16, 17, 28 y 30 de agosto; 6 de septiembre; 11 de octubre, 8 de noviembre de 2000; 14 y 21 de marzo de 2001 y 6 de marzo de 2002, y reuniones en comité de 30 y 31 de octubre de 2000, 3 y 10 de enero, 7 de marzo, 9 de abril y 7 de mayo de 2001, con la asistencia de los honorables diputados miembros de la Comisión, señores Alberto Espina Otero (Presidente); Juan Bustos Ramírez; Aldo Cornejo González; Eduardo Díaz Del Río; Pablo Galilea Carrillo; Gonzalo Ibáñez Santa María; Enrique Krauss Rusque; Felipe Letelier Norambuena; Arturo Longton Guerrero; Zarko Luksic Sandoval; Fanny Pollarollo Villa, y doña Laura Soto González. En calidad de reemplazantes asistieron los honorables diputados señores Francisco Bartolucci Johnston; Carlos Caminondo Sáez; Haroldo Fossa Rojas; Cristián Leay Morán; Osvaldo Palma Flores, y Baldo Prokurica Prokurica. Asistieron, además, los honorables diputados señores Nelson Ávila Contreras; René Manuel García García; Tomás Jocelyn-Holt Letelier e Iván Mesías Lehu. Sala de la Comisión, a 7 de marzo de 2002.


(Fdo.): JOSÉ VICENCIO FRÍAS, Secretario de la Comisión”.
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Pregunta del editor para Vicencio: ¿Por qué no contestó nunca mis mails señor Secretario?
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Pregunta del editor para los diputados y senadores:
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¡¿Por qué no me han respondido en estos años, ¡Oh! ustedes nuestros "representantes", acerca del caso de mi hijo un niño chileno secuestrado desde el año 2001 en Argentina?!

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